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El Gobierno con la elusión nos roba la ilusión

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El Gobierno con la elusión nos roba la ilusión

Alguien debería proponer que un asalariado eligiese el miembro de la UE en donde radicar su domicilio fiscal y a donde deben transferir sus remuneraciones. De la misma manera que Fiat acaba de fijar sus residencias en Holanda e Inglaterra, según le convenga fiscalmente. También se le debería permitir a la clase media española constituir sociedades, diseñadas para eludir la carga impositiva que soporta. Sería un modo equitativo de considerar la libertad de trabajo y capitales en el marco de la UE. ¿Tonterías? Como diría el inefable Rajoy, depende.

Consideremos una cifra que deja unos efectos colaterales de indudable repercusión social. La evasión fiscal en España maneja cifras espectaculares: 107.350 millones de dólares, más de 81.000 millones de euros. Según un reciente estudio de TaxJustice Network, más del doble del ajuste reclamado por las agencias de calificación de riegos a España para este ejercicio o el triple exactamente del recorte del presupuesto finalmente aprobado. Se le reclama en cambio el proseguir con el acoso a las clases medias y bajas.

El informe de esta institución, sitúa a España como décima nación con mayores ratios de fugas impositivas. Deja claro que la recaudación de estos ingresos tributarios permitiría al Gobierno español cubrir el 84,7% de la factura sanitaria del país, que asciende hasta los 126.666 millones de euros. Nada menos que el 9% del PIB nacional. Recordemos que es cuando el que el equipo económico del Ejecutivo acaba de instaurar el copago, en función de las rentas, para acceder a los servicios médicos. Esa evasión cubriría el coste del saneamiento del sector financiero. De esto nada dicen nuestro dúo económico, De Guindos y Montoro. El primero puede que manifestara su perfil más soez, como respondió a una periodista. Cada vez les cuesta más reprimir su estilo.

En el caso de nuestro ministro de Hacienda, podemos decir sin temor a equivocarnos que conoce de manera precisa, pese a que sólo domina el castellano, la prestación de servicios financieros para eludir el pago de impuestos. ¿Curioso, no?

La Elusión Fiscal consiste en evitar o retrasar el pago de determinados impuestos. Para ello se utilizan estrategias y procedimientos legales. Lo cual es posible porque loe legisladores, al redactar las leyes, dejan “espacios” ambiguos en lugar de eliminarlos de manera adecuada. Sin embargo, como estas circunstancias no son conocidas por la mayoría de los ciudadanos, los textos legales admiten estas salvedades.

La interpretación de las mismas puede producir interpretaciones que entren en conflicto con otras normas. Algo así se está visualizando en los casos de presunta, valga el eufemismo, corrupción al que se asiste. En ellos, se están dando situaciones nuevas que no estaban previstas ni reguladas. A esto se lo conoce como vacío legal. Va siendo hora de resolverlo.

Por ello, la Elusión Fiscal no es un delito. Pero es fácil de comprender que no es vista con agrado por los responsables de las inspecciones tributarias. Considérese que esa es la razón por la que se produce la pérdida de una parte importante de la recaudación. Y no es de recibo que se atienda a recortar en otros ítems del presupuesto, más sensibles a la seguridad de los ciudadanos, en lugar de acabar con estas prácticas.

Resultaría imprescindible que, las opciones políticas que se presenten a las próximas elecciones, se ocupen de resolver estos vacíos legales que favorecen la elusión. Ello se consigue o bien modificando la ley original o complementándola con reglamentos de carácter administrativo que la impidan.

También es cierto que la Elusión Fiscal no debe confundirse con la evasión fiscal o de impuestos. Esta sí es un delito. Si en términos legales actualmente no es lo mismo, en la práctica la diferenciación resulta compleja de determinar.

Uno de los modos son las ETVE, Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros. A través de las mismas se pueden optimizar las rentas obtenidas en forma de dividendos y ganancias de capital derivadas de las sociedades filiales de un grupo de sociedades. No son más que un instrumento fiscal con el que competir para atraer inversiones a España.

Con esa pretensión se aprobó en 1995. De hecho, en su origen, estuvo ligado a empresas de la industria, pero fue ampliándose. Se trata de que una empresa no residente se asiente en España como propietaria de otra que da servicio en diferentes países europeos. En estos, tributará por la actividad que desarrolle allí a través del Impuesto de Sociedades. También pagará por los dividendos que obtenga. Cuando toque repatriar los dividendos a la matriz, la radicada en España, no tendrá que abonar nada por ellos.

De esa manera, pasaron por España en 2009, sin pagar peaje tributario, 83.700 millones, el 18% de la inversión extranjera de aquel año. Si esa misma actividad la realizara una “persona física” o una “persona jurídica”, hubiera pagado impuestos.

Con esa discriminación, el Estado consigue que grandes sociedades internacionales se asienten en España con el objeto de que creen empleo, alquilen o compren oficinas y, ya sí, tributen por todo ello. Aunque a veces no sea así.

El caso ejemplo sucedió con Exxon Mobil Spain. A través de su filial española ha estado moviendo una media de 5.000 millones de euros por año sin pagar impuestos por ello. Es más, la declaración le resultó negativa en un ejercicio fiscal: 1,5 millones de euros por demostrar una base imponible negativa. Según sus datos mercantiles, tenía un empleado ¿De qué sirve a los intereses “nacionales” un comportamiento de este tipo?

Estas figuras son la perversión máxima de una práctica habitual, que sirve para competir con los socios que emplean estrategias similares y en la que Hacienda presiente que se da el fraude. Así, al menos lo creen los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha): “Ese es el motivo por el cual ni el anterior Gobierno ni el presente va a modificar la legislación sobre las ETV. Nada que pueda implicar tocar las operaciones financieras de empresas transnacionales. Todos los países hacen lo mismo. A no ser que se produjera un cambio en toda Europa que pusiera a todo el mundo en igualdad de condiciones no se atreverían”.

El Santander acaba de obtener en torno a los 4000 millones de euros en 2013. Además, la sede global de Santander Asset Management estará en la capital británica. La estructura central del hólding en Londres empleará a unas cincuenta personas, apenas un 10% respecto a los 600 trabajadores de la gestora. Éstos se encuentran repartidos en las once filiales que pasan a depender de la nueva cabecera londinense de Santander Asset Management. La sociedad tendrá su domicilio en las actuales oficinas de Santander UK, la filial de banca minorista británica que dirige Ana Patricia Botín. Su contribución al fisco español no se verá afectado, ¿no es cierto?.

Ya no sólo se le reclama a un gestor, sea público o privado, que sea “legal”. Se le debe exigir que responda al cumplimiento de un ejercicio ético. Por ejemplo, revisando la legislación para evitar estos abusos. Cosa que no han hecho ni PP ni PSOE, desde que se permite esta figura.

De todos modos, desde el punto de vista de practicar la transparencia, España se está convirtiendo en un territorio de riesgo para quienes lo intentan. Ya lo decía Francisco de Quevedo: “Donde hay poca justicia es grave tener razón.”

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