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Ha llegado la hora de la responsabilidad civil de los cargos públicos

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Ha llegado la hora de la responsabilidad civil de los cargos públicos

Muchas personas nos preguntamos acerca de la idea de impunidad de la que se revisten los cargos públicos presentes y pasados, en relación a los resultados de su función institucional. Decisiones que comprometen la renta de generaciones futuras de españoles, parece que no tiene que ver con ellos.

Cada marcha y contramarcha en las medidas que se adoptan por algunos responsables ministeriales, puede afectar de manera severa las condiciones de vida de los ciudadanos. El reciente caso de la tarifa eléctrica es un claro ejemplo.

Consecuencias onerosas producto del reconocimiento de mayores costos en obra pública, por ejemplo, no parecen afectarlos especialmente. Las puertas giratorias son el claro ejemplo de tales prácticas.

Por mencionar algunos, la decisión de realizar obras superfluas, o disparatadas, como la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, el aeropuerto sin aviones de Castellón o los innumerables parques industriales subutilizados dispersos en todo el territorio del Estado, o los puentes de “diseño” que han dejado sin recursos a las arcas públicas, así parecen atestiguarlo.

La concesión de créditos temerariamente aprobados por gestores claramente ineficientes, pareciera que no suponen negligencia alguna para los responsables políticos e institucionales de los consejos de administración de nuestras queridas cajas de ahorros. Acabamos de conocer que, además, en algún caso su destitución es tipificada como “despido improcedente”.

La baja en la tasación de los inmuebles que atesora la SAREB, y que les fueron expropiados a los españolitos confiados en lo que firmaban, sólo parece ser aprovechada por fondos de gestión de diversos orígenes y tipos. El beneficio es para algunos, las pérdidas para todos.

La elusión de responsabilidades de los altos cargos, resulta de su escasa vocación por asumirlas. La legislación no los comprende explícitamente en la responsabilidad civil, pese a que ello podría formar parte de una obligación “implícita”.

En el sistema español, la responsabilidad extracontractual está dominada por la idea de culpa del agente productor del daño. Pieza fundamental es el art. 1902 “el que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado”.

Esta concepción subjetiva del daño, se debe a que para que una persona responda del daño causado no basta el daño, sino que su actuar haya habido falta de diligencia o comportamiento descuidado. Sí, descuidado…siendo generosos.

Si se aplicase esta legislación de manera apropiada, podríamos encontrarnos con un conjunto de responsables de gestión con más cuidado de la administración de los recursos públicos. En caso contrario, debería aplicarse una norma de igual exigencia de diligencia en el ámbito de la gestión pública y, sobre todo, política… eximida esta última de responsabilidad legal ante los ciudadanos.

Pero, por el contrario, desde el corazón mismo del equipo de la vicepresidenta del gobierno se diseña una salida facilitadora de “puertas giratorias”. El arquitecto de esta operación es el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales.

El anteproyecto de Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo pone de manifiesto esa salida de la Administración Pública. El grupo de altos funcionarios y demás allegados que lidera la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y que ha acaparado multitud de puestos destacados a lo largo y ancho del entramado público, desde la presidencia de RTVE a la secretaría de Estado de Cultura, pasando por la subsecretaría de Economía o la de Presidencia, entre muchos otros, será el principal beneficiado.

Yo votaría a una propuesta política que lleve en su programa electoral el instaurar una legislación que limite e investigue efectivamente situaciones de este tipo. ¿Y usted?

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