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La discreta perversión de la desmesura

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La discreta perversión de la desmesura

La Gran Recesión europea va transformándose lentamente para convertirse, en el mejor de los casos, en un largo estancamiento plagado de sombras. Eso, con un paro incapaz de bajar de las altas cifras de la desesperación. En el peor, retornar a un escenario de recesión. Todo, pese a que Bruselas ha suavizado la austeridad, esa política ha dejado una huella profunda. Bélgica, Finlandia, Holanda preparan nuevos recortes a la vista de que las primeras medidas no dieron los resultados previstos. Hablamos de los acólitos de Merkel.

Es España, el Ibex 35 ha registrado la mayor caída desde enero y ha cerrado con un retroceso del 2,35%, perdiendo los 10.400 puntos. Considerando que son el grupo de corporaciones beneficiadas por las medidas del gobierno, deberíamos preocuparnos.

La tan publicitada bajada de la prima de riesgo, que mide el diferencial del bono español a 10 años con el alemán, ha subido veinte puntos. En torno a los 170 puntos. La rentabilidad del bono, es decir, lo que ganan los grandes bancos españoles a nuestra costa, vuelve a superar el 3%. Las principales economías europeas también se resentían, pero de manera desigual. Para De Guindos, vamos de éxito en éxito al default.

Por tanto, Alemania que se financia a tipos de interés históricamente bajos, presenta tasas de paro mínimas. Crece más que el resto de la UE. Por ello, no quiere cambios en la política económica de la zona. De manera terca, para su opinión pública, convierte a esta crisis en una cuestión de moral luterana. Se merece lo que les pasa a los “derrochadores”. En esta categoría se ubican las empresas que se beneficiaron de sobrecostes en las obres públicas tanto nacionales, autonómicas o de los ayuntamientos. La desmesura de aquellos gastos que se vienen dando desde antes de la entrada en el euro.

La eurozona cerró el primer trimestre con un crecimiento pírrico, del 0,2%, que prácticamente solo se explica por el tirón de la locomotora alemana. La distancia Norte-Sur en la UE empieza a transformarse en una enorme brecha entre Alemania, que crece el 0,8%, y el resto de socios. La política de recortes y reformas también afecta a dos de sus países cercanos: los mencionados Holanda y Finlandia presentan ya graves problemas. También Francia e Italia vuelven a entrar en una situación de estancamiento. En el Sur, para alabanza del Bundesbank solo España levanta cabeza. Por ahora, claro. No quieren difundir el déficit incontrolable que tenemos.

Por tanto, aquí hay trampas electorales: el PIB español cerró con un alza del 0,4% hasta marzo, por encima de la media, aunque la mitad de ese avance viene de haber reservado facturas del sector público en el cajón a finales de 2013, que han salido a relucir ahora en forma de un mayor consumo público. Montoro no responde a estas preguntas directas. Si le la hiciesen los periodistas nacionales. No se atreven.

El economista Juan Laborda, en Voxpopuli del sábado 17 de mayo, escribe, en cuanto al fracaso del modelo austericida: (se hace necesario)…“Por un lado, una reestructuración o reducción notoria del tamaño del sistema bancario occidental a costa de gerencia y acreedores. Por otro, condonaciones de deuda. El problema de occidente es una deuda brutal que no se puede pagar. El objetivo último es reducir la deuda privada, y en menor grado la pública, de las principales economías occidentales a niveles razonables, sobre el 150% del PIB. En España, por ejemplo, la deuda total se sitúa alrededor del 425%.”

Tal como está la economía global, vamos directos a un nuevo colapso. En principio un corralito. Todo, repito, TODO el esfuerzo que se le ha aplicado, que no “pedido”, a los sectores vulnerables de la sociedad, no ha servido más que para transferir riqueza a grupos que financian las aventuras políticas. En ningún caso para recuperar el tono productivo de España. Tal vez como lo anticipan, entonces ya se ha comenzado a desarrollar una operación de “distracción” o, típico de regímenes escasamente democráticos, la figura del “enemigo de España”. De la conspiración judeo masónica a las armas de destrucción masiva, existen numerosos ejemplos de esta técnica.

Así, el Ministro del Interior Fernandez Diaz prosigue sorprendiéndonos con su particular vocación justiciera. Ello se trasluce en su intención de fiscalizar el único canal de difusión de ideas que no está sometido a su control: las Redes Sociales. Por tanto, en colaboración con los sectores más fundamentalistas de la Iglesia Católica, de la que buena parte del gabinete Rajoy forma parte, se ha propuesto igualarnos a estados autoritarios como Irán o China. Debido a ello, por ejemplo, se ha impuesto la anulación de la justicia universal, produciéndose la liberación de un grupo de narcotraficantes internacionales. El narco fotografiado con el presidente de Galicia también opta a beneficiarse de tal derogación. ¿Es de moral cristiana una medida de esa magnitud?

Baltasar Garzón, la víctima más notable de esta línea ideológica que representa aquél fundamentalismo, consideró e viernes 15 de mayo en la clausura del VI Curso de la Escuela de Ciudadanos de Manzanares: “inoportuno e innecesario” restringir las redes sociales. Su afirmación se basa en algo que el ministro Gallardón, y el grupo ultra católico, conocen pero ignoran a sabiendas: la regulación que el Código Penal hace sobre injurias y amenazas ya es “muy clara”. Además, precisó el ex magistrado, a preguntas de los periodistas, que: “hacer una caza de brujas y, sobre todo, distinciones cuando se trata de la incitación al odio o desprecio de las víctimas es muy peligroso”.

No es el único.

La asociación Francisco de Vitoria advierte de que hay que “tener precaución” para no poner coto a la libertad de expresión por regular “en caliente”. Marcelino Sexmero encuentra en las palabras del ministro “una disculpa del Gobierno para aprovechar este caso para cercenar la libertad de expresión”. “Límites de este tipo, para evitar que se produzcan estas expresiones, sólo existen en dictaduras… En democracias se pueden perseguir a posteriori tras demanda del ofendido”.

También, Jueces para la Democracia piensa, igualmente, que “solo un estado autoritario puede equiparar mala educación y delito”. El portavoz de la asociación, Joaquim Bosch, considera que la sugerencia de Fernández Díaz de crear un nuevo delito “de incitación al odio” sería ” una acción punitiva expansiva, excesiva y desproporcionada”. Al igual que su homólogo, Bosch recuerda que el Código Penal ya incluye los delitos que vulneran el derecho al honor, como las injurias o las calumnias, y explica que “ir más allá” sería “desproporcionado”. Diríamos que desmesurado.

Igualmente, consultado el catedrático de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, Víctor Sampedro, considera que se trata de “una maniobra de distracción sesgada”. “Se intenta derivar la investigación del crimen hacia una de delitos de opinión”, expresa el catedrático. “El odio y la violencia en la red se viene manifestando desde 2004, cuando a raíz de los atentados del 11M Pilar Manjón empieza a sufrir insultos y acoso por mantener una postura crítica con la versión oficial”. Que ahora el gobierno quiera legislar sobre este tema responde, según el catedrático, a un “intento de criminalización de cierto sector que se expresa a través de las redes sociales”.

Para este científico, la legislación debería ocuparse “en la protección de la privacidad de datos y metadatos de los usuarios”, pero, en particular, ante terceros, como agentes empresariales o gubernamentales. Llama “falso debate” a la cuestión planteada. Además, en el actual contexto electoral, afirma que “no coopera a la resolución judicial del caso ni al debate público sobre los temas relevantes de campaña”. “Es la muestra de la persistencia del discurso victimista del PP frente a la ola de contestación social”. Parece que apreciara una instrumentalización ministerial del asesinato sentimental de la presidenta de la Diputación de León. Si eso fuese así, debería demandarse al ministro por tal desmesura.

La fiesta de los toros reaparece en la justicia. El Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla ha ordenado que un médico forense examine al ex torero José Ortega Cano a fin de decidir sobre si concede o no la suspensión del cumplimiento de la pena en base a su estado de salud. Se debe recordar que este personaje provocó el accidente de tráfico ocurrido en mayo de 2011 en el que falleció Carlos Parra. La secretaria judicial que entiende en el caso señala que, después de que Ortega Cano haya ingresado en la prisión zaragozana de Zuera, “no es posible realizar” por el Instituto de Medicina Legal de Sevilla el reconocimiento médico forense que había sido fijado. Por ello, libra un exhorto al Juzgado Decano de Zaragoza para que se proceda a la práctica de este reconocimiento médico al objeto de resolver sobre la concesión de la suspensión del cumplimiento de la pena, todo ello “previo traslado a las partes del informe que se emita”. Desmesura de la Justicia, según el asunto. ¿No?

El fiscal del caso Alvia, Antonio Roma, ha recurrido el auto del juez instructor Luis Alaez. Este imputó el viernes a once excargos de ADIF, gestora de las vías. Aláez imputa responsabilidad penal por ello al director de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, y a diez miembros del Consejo de Administración de Adif en 2011, cuando se inauguró la línea, incluido a su presidente, Antonio González Marín. Les atribuye un interés político en “la pronta apertura de una línea ferroviaria que resultase atractiva al público”.

Este fiscal, ignorando el informe de los peritos, en un gesto desmesurado, considera que “no existen elementos en la causa para imputar a personas concretas las infracciones criminales”. Entiende que la visión del juez no es correcta. Además, le reprocha que no detalle qué normas habrían incumplido los imputados. Roma insiste en que el “elemento central y nuclear en la producción del fatal accidente […]es la conducción efectuada por el maquinista imputado, cuya conducta es enormemente imprudente”.

Este fiscal reprocha a Aláez que busque elementos “cada vez más alejados tanto en el espacio como en el tiempo” de esa causa primera del accidente. La resolución de este y los otros posibles recursos que se presenten no llegará a tiempo de parar las tomas de declaración de los imputados.

Aláez ha rechazado sus peticiones de retrasarlas para conocer antes el voluminoso sumario de la causa. El fiscal, de comportamientos similares a otros implicados en casos vinculados con la corrupción política o económica, ha puesto de manifiesto una desmesura en las atribuciones últimas de su cargo. Esto es, defender a los ciudadanos de los abusos del poder. No a la inversa.

Lo contrario puede representar la discreta perversión de la desmesura. Los ciudadanos tomamos nota.

(La imagen es una foto de Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior en Flickr, bajo licencia Creative Commons).

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