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Acerca de la instrucción por el fiscal

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Acerca de la instrucción por el fiscal

Ciertamente, con ello no se descubre ningún secreto, la instrucción de los procedimientos penales, y no solamente de los de mayor calado, es poco ejemplar, por definirla de alguna forma.

También es cierto que el sistema procesal penal español es totalmente anómalo en relación con los países culturalmente próximos, pues el sistema general es el de la instrucción por el fiscal.

Ante estas dos evidencias parece lo más lógico y razonable atribuir sin más la instrucción (investigación para los puristas) a los fiscales. Y en esto andan los sucesivos gobiernos sin que se haya llegado a ningún resultado concreto.

Consecuentemente cabe preguntarse por qué en un país tan dado a las reformas legislativas de todo tipo, no es posible establecer un nuevo procedimiento criminal.

Las respuestas pueden ser de lo más variado, y seguramente cada una de ellas aportará parte de la respuesta a dicha pregunta.

A mi juicio uno de los obstáculos proviene de que nuestro sistema procesal penal es históricamente “judicialista”, en el sentido de que el juez de instrucción era el director indiscutible del proceso. Esta configuración histórica ha comenzado a desdibujarse a lo largo de los últimos años, pues el fiscal ha comenzado a asumir un rol, en la intervención en el procedimiento, inédita en otros tiempos, y los letrados de las acusaciones y defensas tienen una participación mayor a la que era tradicional, pues tradicionalmente las partes (fiscal y letrados) se “reservaban” para el acto del juicio.

Por otro lado existe una clara desconfianza hacia una fiscalía dependiente del gobierno de turno, desconfianza que tampoco se puede considerar, en estos momentos, como injustificada. Esta circunstancia lleva a los redactores de los distintos proyectos/anteproyectos de Ley a atribuir la investigación a un fiscal carente de facultades y con una tutela judicial (jueces de garantías) sobre él tan insoportable que lo convierten en inoperante, no porque el control judicial no sea necesario, sino porque se corre peligro de que asfixie la iniciativa del investigador. En definitiva si no se confía en una institución lo mejor y más honrado es no atribuirle competencias que se considera no va a desarrollar con capacidad.

Si a lo expuesto se suma que las fiscalías no tienen actualmente capacidad personal y organizativa para asumir la instrucción, y que la relación procesal entre el fiscal investigador y los letrados de las partes es de muy difícil encaje( pues si los letrados pueden acudir permanentemente al juez de garantías, la investigación no avanzará, y si por el contrario se les limita de forma importante pueden vulnerarse garantías constitucionales de los intervinientes) no parece razonable modificar, en estas circunstancias, un sistema que ciertamente hace agua, pero que incluso puede ir a peor.

Augusto.

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