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González eleva a 19 los presidentes de CCAA investigados en democracia

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González eleva a 19 los presidentes de CCAA investigados en democracia

Con la detención y entrada en prisión del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, imputado por el supuesto saqueo del Canal de Isabel II que destapó la ‘operación Lezo’, la nómina de presidentes o ex presidentes autonómicos que han estado bajo el punto de mira de la Justicia, la mayoría de ellos por corrupción, se eleva hasta 19.

Entre ellos hay miembros del PP, del PSOE, de CiU (ahora PdCAT), del PNV o de Unión Popular de Cantabria. El delito alcanza a todas las grandes formaciones a excepción de IU, quizás porque nadie de esta formación ha gobernado Comunidad alguna desde que se reinstaurara la democracia en 1977.

En alguno de los casos que se mencionan, la investigación no pasó de ahí. En otros supuestos los delitos ya habían prescrito como en el caso del navarro Javier Otano.

Otros no tuvieron la suerte de la lentitud de la justicia como coartada y fueron condenados como Artur Mas, Jaume Matas, Gabriel Urralburu, Juan Hormaechea, el valenciano José Luís Olivas o el aragonés José Marco. También hay presidentes de CCAA que tras pasar un calvario fueron absueltos como Francisco Camps,Demetrio Madrid y el balear Gabriel Cañellas.

La historia del sacerdote que acabó preso

Año 1976, un joven navarro de 26 años se ordena sacerdote en la capilla de la congregación del Verbo Divino en la localidad de Zizur, a pocos kilómetros de Pamplona. A la ceremonia asisten destacados socialista de la época como Gregorio Peces Barba, que luego sería uno de los padres de la Constitución, Enrique Múgica, por entonces líder del PSE, y el andaluz Luís Yañez, del conocido ‘clan de la tortilla’ que integraban, entre otros Felipe González y Alfonso Guerra.

Año 1998, Gabriel Urralburu Taínta (Valle de Salazar (Navarra), 1950) entra, cabizbajo y ojeroso, en la prisión de Logroño. La Audiencia Provincial de Navarra le había condenado a 11 años de prisión por sendos delitos de cohecho continuado y contra la Hacienda Foral en la derivación navarra del ‘caso Roldán’.

El antiguo sacerdote, había dejado la sotana en 1984, tenía el dudoso ‘honor’ de ser el primer presidente autonómico de la democracia que entraba en prisión por ‘meter la mano en la caja’ hasta tener, a nombre de su mujer, una cuenta en Suiza con más de 400 millones de las antiguas pesetas y diversas propiedades inmobiliarias.

El ex presidente navarro, cargo que ocupó entre 1984 y 1991, vio cómo el Tribunal Supremo le rebajaba luego la pena a 4 años de prisión, y en diciembre de 2001 salía de la cárcel diciendo: “A ver qué me depara ahora la vida”.

Y la vida le ha deparado una existencia en los juzgados, pues no en vano, trabaja en un bufete de abogados de Madrid. Carrera, la de Derecho, que éste licenciado en Ciencias Teológicas y Morales estudió en la UNED durante su estancia en prisión. Urralburu, en fin, tuvo que abandonar su ciudad, Pamplona, para instalarse en el anonimato de la gran ciudad porque no soportaba la presión de ser señalado por la calle a cada paso que daba en la ‘vieja capital del Reyno’.

Hormaechea, indultado por Felipe

El navarro fue el primer presidente autonómico que entró en prisión, pero no el primer condenado. El 24 de octubre del año 1994, después de un prolongado juicio en el que cambió tres veces de abogado y acabó defendiéndose a sí mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dictó una sentencia judicial que condenaba al entonces presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, en el cargo desde 1987, a 6 años y un día de cárcel y 14 años de inhabilitación por un delito de malversación y otro de prevaricación.

Después de ésta vinieron otras sentencias por idénticos motivos, entre otras cosas por conceder obras públicas a amigos o por pagar con dinero de la Comunidad anuncios en prensa insultando y vejando a enemigos políticos, aunque no llegó a ingresar en la cárcel porque fue indultado por el Gobierno de Felipe González.

Matas y sus amistades peligrosas

“¿Si a usted le viene el duque de Palma proponiéndole un tema, qué hace? Pues decirle que sí”. Así respondía el ex presidente de Baleares y antiguo ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, a Jordi Évole hace unos años en el programa ‘Salvados’ de La Sexta. Matasconforma,junto a Urralburula dupla de presidentes condenados que ha pasado por ello una temporada ‘a la sombra’. Matas es, además, quién más juicios tiene pendientes, aunque ya ha sido juzgado y condenado por otras causas ha ha cumplido condena por ellas.

Y es que Matas ha sido hasta ahora el último presidente autonómico condenado por corrupción, tras ser sentenciado en el 2012 en una de las 26 piezas en las que se dividió el caso Palma Arena y, recientemente, por el caso Nóos.

El ‘caso del sillón’

Como se puede comprobar el sillón autonómico parece que tiene ‘peligro’. Y si no que se lo pregunten al socialista José Marco, presidente de Aragón entre 1993 y 1995, que dimitió y fue condenado a 13 meses de cárcel y seis de inhabilitación por malversación de caudales en el caso del Sillón. El ex mandatario pagó con dinero de la diputación de Zaragoza un sillón de piel para instalarlo en su domicilio particular. Nunca entró en prisión.

Fue detenido también, por ejemplo el ex presidente de la Generalitat valenciana entre 2002 y 2003 José Luis Olivas, aunque lo fue en una causa en la que se le investigaba como presidente de Bancaja. Olivas fue condenado por un juzgado valenciano por falsedad y delito contra la Hacienda Pública, y permanece aún encausado en el caso Bankia y las operaciones de Bancaja en el Caribe mexicano.

Las cajas de ahorros dieron para mucho y así, los ex presidentes navarros, Miguel Sanz y Yolanda Barcina fueron investigados por el cobro de dobles y triples dietas en diversos órganos de Caja Navarra (ahora integrada en CaixaBank). Ambos decidieron devolver el dinero y la Audiencia de Navarra y el Tribunal Supremo archivaron la causa.

En la actualidad, están pendientes de juicio los ex jefes del ejecutivo andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el caso de los ERE fraudulentos, procesado el primero por prevaricación y el segundo por malversación y prevaricación.

Y Pedro Antonio Sánchez dimitió

Sin embargo, el caso más destacado de las últimas semanas ha sido el del ex presidente murciano Pedro Antonio Sánchez, que dimitió a principios de este mes antes de que se debatiera en el parlamento regional una moción de censura presentada contra él.

Sánchez está siendo investigado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) en el caso Auditorio por supuestos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos cuando el presidente regional era alcalde de la localidad de Puerto Lumbreras. Además, el juez Eloy Velasco le ha acusado de los delitos de cohecho, fraude y revelación de información por su presunta participación en la trama Púnica en Murcia.

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Javier Otano, presidente de Navarra entre 1995-1996, fue acusado de encubrir un delito cohecho, pero la Audiencia Provincial lo declaró prescrito en el año 2004.

El ex lehendakari Juan José Ibarretxe declaró como imputado en enero de 2007 por reunirse con representantes de Batasuna, pero el caso fue sobreseído por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia luego confirmada por el Tribunal Supremo.

Carlos Collado, presidente de Murcia de 1984 a 1993, dimitió por supuestas irregularidades de fondos públicos por el caso Casa Grande, del que finalmente fue absuelto por el Tribunal de Cuentas en 1997.

Los absueltos

Hay otros tres casos en los que mandatarios autonómicos fueron juzgados y absueltos: Demetrio Madrid, presidente de Castilla y León entre 1983 y 1986, que dimitió de su cargo en 1986, tras haber sido procesado en un caso de justicia laboral en una empresa de su propiedad, fue absuelto en 1989.

También fueron absueltos Gabriel Cañellas, presidente de Baleares (1983-1995), implicado en el pago de supuestas comisiones en la construcción del túnel de Sóller, y Francisco Camps, presidente valenciano entre 2003 y 2011, juzgado y absuelto por el caso de los trajes y la rama valenciana de la ‘Gürtel’.

Echando la vista hacia Cataluña, hay querecordar que el últimoex presidente autonómico condenado en España ha sido Artur Mas, que fue condenado por prevaricación en el caso del 9-N.

El ex presidente de la Generalitat fue sancionado con una multa de 36.000 euros e inhabilitación especial “para el ejercicio de cargos públicos electivos ya sean de ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el ámbito autonómico como en el del Estado”, por un tiempo de dos años. Todo por realizar un referéndum ilegal, pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.

… Y siempre nos quedará el caso del ‘molt honorable’ Jordi Pujol.  Tanto al padre como a los hijos -principalmente, Jordi, para el que se acaba de decretar el ingreso en prisión, y Oleguer- se les vincula con diferentes casos de corrupción y con la titularidad de abultadas cuentas corrientes en diferentes paraísos fiscales, aunque de forma más señalada en bancos de Andorra. No, los presidentes de las CCAA tampoco son un gran ejemplo.

F/ lainformacion
 
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