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El viceconsejero de Cristina Cifuentes Miguel Ángel Ruiz dimite tras ser imputado en ‘Púnica’

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El viceconsejero de Cristina Cifuentes Miguel Ángel Ruiz dimite tras ser imputado en ‘Púnica’

El juez del caso Púnica ha imputado al viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, por su vinculación con la presunta trama de corrupción que se investiga en los ayuntamientos madrileños.

Ruiz fue consejero delegado de la empresa pública Arpegio, que adjudicó más de 1.000 millones a empresas en pequeños contratos en municipios de la Comunidad de Madrid, y que está siendo investigada por la presunta financiación ilegal del PP madrileño. El inmediato superior de Ruiz, el actual consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, fue acusado en Púnica por el constructor arrepentido David Marjaliza de cobrar ‘mordidas’ a cambio de contratos de Arpegio, de cuya mesa de contratación formaba parte aunque él lo mantuvo oculto.

La imputación ha sido confirmada a este diario por fuentes jurídicas, que informaron también de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, conocida por sus siglas UCO, ha registrado, este martes, el despacho de Ruiz en la consejería madrileña.

Una vez se ha producido dicho registro, Ruiz ha presentado su dimisión, tanto del cargo de viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid como de el de vicesecretario territorial del PP de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha aceptado ambas dimisiones siguiendo el código ético del partido.

Fuentes del Gobierno regional han señalado en un comunicado que “el auto no se refiere a ningún hecho relacionado con su actividad como viceconsejero del actual Gobierno, sino por sus funciones en Arpegio durante legislaturas pasadas, coincidiendo con el mandato de Esperanza Aguirre”. En la época investigada, Ruiz también fue el director del Plan de inversión Prisma.

La imputación del viceconsejero de Cristina Cifuentes se produce dentro de la pieza conocida como Arpegio -se encuentra secreta- que investiga el juez Eloy Velasco en la causa principal de Púnica. Ruiz fue consejero delegado de la Fundación Arpegio, presidida por el que fuera consejero de Presidencia con Esperanza Aguirre, Francisco Granados -en prisión-.

Velasco ordenó también siete registros en distintos despachos profesionales e imputó a otras 11 personas, a las que tomará declaración a partir del próximo mes de julio.

Justificó 16 millones para promocionar un plan

Miguel Ángel Ruiz justificó en octubre pasado un gasto de 16,5 millones de euros en la promoción de un plan de inversiones, informa Efe. Ruiz declaró entonces ante la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid por unos gastos de 22,5 millones, de los cuales 6 millones se destinaron a allanar y compactar un descampado en Arganda del Rey para usarlo como aparcamiento y otros 16,5 millones de una factura de promoción del plan regional de inversiones y servicios de Madrid (Prisma).

Precisamente su paso como consejero delegado de la empresa pública Arpegio, que gestionaba los fondos del Plan Prisma, entre 2008 y 2010, durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, no figura en el perfil de Miguel Ángel Ruiz López en la web de la Comunidad de Madrid.

La ficha biográfica sí recoge sus inicios en 1990 en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid hasta su paso por el consistorio de Boadilla del Monte, como concejal de Urbanismo, donde estuvo hasta ser elegido diputado autonómico en la Asamblea de Madrid en junio de 2015.

En cuanto a su actividad en Arpegio, Ruiz explicó el pasado mes de octubre ante la comisión de investigación del Parlamento madrileño una inversión de 6 millones de euros en allanar un descampado en Arganda para usarlo como aparcamiento y una factura de 16,5 millones de promoción del Plan Prisma 2006-2008.

Según su declaración, el aparcamiento “sirvió de base para adelantar las obras de edificación” del proyecto urbanístico de Arganda del Rey, donde la Comunidad invirtió 55 millones en comprar la parcela, de más de tres millones de metros cuadrados y en acondicionarla para albergar tres conciertos de Rock in Río.

En dicha explanada estaba previsto construir una infraestructura logística con un coste de 120 millones, unas obras que no se acometieron.

Ruiz también asumió los conceptos de una factura de 16,5 millones de euros producto del Plan Prisma 2006-2008 que Arpegio envió a la Comunidad en enero de 2010 y que la Intervención General de la región de Madrid no ha admitido.

En esa factura, de promoción del Plan Prisma, figuran gastos de más de tres millones de euros en “primeras piedras” o un gasto en farmacia de 96.000 euros, según detalló entonces el grupo Socialista en la Asamblea.

En su declaración, Ruiz defendió entonces que las operaciones urbanísticas y de suelo de Arpegio eran “rentables” y que “todos los procedimientos se hicieron de forma transparente”.

Ruiz aseguró que no conocía a David Marjaliza, imputado en el caso Púnica y ex socio de Francisco Granados, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, al que Arpegio vendió dos parcelas en Arroyomolinos a través de la empresa Aranán, participada por Marjaliza, de una parcela adjudicada en 2006.

El hoy dimitido también sostuvo que no “distinguía quién era de Dusa y la gente que pertenecía a Arpegio”. Dusa, la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos, fue subcontratada por Arpegio para gestionar las licitaciones públicas del plan Prisma.

F/Elmundo
 
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