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Montoro pide ahora prohibir las amnistías fiscales en la Ley Tributaria

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Montoro pide ahora prohibir las amnistías fiscales en la Ley Tributaria

El ministro defiende su regularización de bienes ocultos a un tipo ‘superreducido’ para los defraudadores: “El Gobierno echó el anzuelo, pero había que poner un cebo”.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha acudido hoy al Congreso de los Diputados para explicar la amnistía fiscal que puso en marcha en el año 2012 y que el Tribunal Constitucional ha declarado nula. Montoro ha defendido a capa y espada su actuación porque “fue buena para el país porque atrajo dinero”, pero ha pedido al resto de los partidos políticos su apoyo para modificar la Ley General Tributaria para prohibir expresamente futuras regularizaciones de bienes y rentas ocultas. “Hay un consenso amplio para que no haya más regularizaciones”, ha señalado el ministro, que ha pedido que la suya, la de 2012, sea la última amnistía para los defraudadores. Sin embargo, muchos juristas consideran que la sentencia del Tribunal Constitucional en sí misma ya veta futuras amnistías como la de 2012 porque infringe el artículo 31 de la Constitución.

“Lo que propongo es que aquella fuese la última oportunidad para los defraudadores”, ha ofrecido Montoro en la Cámara. Pero además de querer prohibir ahora las amnistías, Montoro ha querido defender la suya de 2012. El ministro ha explicado que se produjo en una “situación excepcional” porque España estaba al borde del rescate y sólo así se podía mantener el gasto público, en especial el pago de las nóminas a los funcionarios o las prestaciones a los parados y los pensionistas. En esa situación de extraordinaria gravedad, el Gobierno puso en marcha la Declaración Tributaria Especial (DTE). “El Gobierno echó el anzuelo pero había que poner un cebo” para que los defraduadores ‘picaran’, ha remarcado el ministro, “sin un cebo mínimamente atractivo, no hay ningún éxito, los pececitos se van a otro sitio o se quedan en el fondo del mar”.

JAVIER G. JORRÍN

“La excepcionalidad de la situación nos movió a aprobar medidas urgentes”, ha explicado el ministro, pero, al mismo tiempo, ha remarcado que los 1.200 millones de euros que se recaudaron (menos de la mitad de lo que esperaba el Gobierno) “no fue lo importante, lo importante es lo que se ha recaudado desde entonces, año a año”. En total, la amnistía fiscal afloró 40.000 millones de euros, por lo que el tipo efectivo que pagaron los defraudadores por regularizar su dinero fue de apenas el 3%.

Montoro también ha defendido que el Gobierno aprobara la medida a través de un decreto ley, fórmula criticada por el Tribunal Constitucional, que considera que una medida de tal calado no puede articularse con esta figura. El ministro ha explicado que en esa época el Gobierno aprobó muchas medidas con decreto ley debido a la urgencia de la situación, con el país al borde de la suspensión de pagos. Sin embargo, la mayor parte de la recaudación se retrasó hasta los últimos meses en los que la amnistía fiscal estaba disponible: noviembre de ese año 2012, tiempo suficiente para que el Gobierno hubiese podido tramitar la normativa como una ley.

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El ministro también ha alegado que la sentencia del Constitucional no critica la amnistía fiscal en sí ya que “el fallo no afecta al fondo de la cuestión”. Aunque el TC ha declarado nula la medida por unanimidad, Montoro cree que no supone una crítica a la amnistía ya que “las situaciones jurídicas creadas no son alteradas”. Sin embargo, el Tribunal sentenció que no se pueden revisar las DTE para no afectar al principio de seguridad jurídica, no porque no fuese anticonstitucional.

“No fue una amnistía”

Montoro ha pedido el acuerdo de los partidos para prohibir futuras amnistías, pero también ha querido defender que la suya “no fue una amnistía, la llame quien la llame”, ya que se aplicó un tipo de gravamen del 10%. Además, ha remarcado que la DTE “no borraba ningún delito”, sino que las inspecciones que ya estaban abiertas, continuaban su curso. Además, “sus efectos eran análogos a los establecidos en la norma tributaria y el código penal”.

F/elconfidencial
 
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