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Juana Rivas se entregará al juez si la Audiencia de Granada le da la razón

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Juana Rivas se entregará al juez si la Audiencia de Granada le da la razón

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desplegado ya el dispositivo de búsqueda de Juana Rivas. La madre continúa en paradero desconocido con sus hijos, a la espera de que la Audiencia de Granadase pronuncie sobre el recurso que presentó para que se suspenda la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, por la que está obligada a entregar a los menores al padre. Según han apuntado a ABC fuentes jurídicas autorizadas, Juana Rivas irá voluntariamente a declarar ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada si la Audiencia le diera la razón, en la sentencia que previsiblemente emitirá este jueves.

Rivas, que debería haber acudido el martes a declarar ante el juez, no apareció y se ha ordenado su arresto. En este momento, la situación procesal de Juana Rivas es de investigada por el Juzgado de Instrucción 2 como consecuencia de la denuncia que su expareja, Francesco Arcuri, interpuso contra ella la pasada semana por el presunto secuestro de sus hijos. En el caso de que la Audiencia Provincial de Granada desestime el expediente de nulidad, los representantes jurídicos de la madre recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

El argumento que seguiría Juana Rivas a la hora de recurrir al Constitucional no sería otro que el de que sus derechos fundamentales han sido vulnerados. En ese sentido se pronunció este miércoles su asesora jurídica, Francisca Granados, directora del Centro de la Mujer de Maracena, que denuncia la existencia de «irregularidades» a lo largo del enrevesado y laberíntico proceso.

Para Granados, no hay debate. Cuestionar que Juana Rivas es una víctima de violencia de género supone negar una realidad constatada por el Centro de la Mujer de Maracena, el Instituto Andaluz de la Mujer o la condena de 2009 a Francesco Arcuri por lesiones. Lo demás, ha dicho, es una batalla «ideológica» en la que «Juana Rivas y sus hijos no quieren estar». Por eso Granados pide que su caso sea considerado de violencia de género.

Leyes contra leyes

El problema radica en la segunda denuncia contra Arcuri, presentada por Juana Rivas tras regresar a España con los menores, de 11 y 3 años, en el verano de 2016. Esta denuncia espera a ser tramitado en Italia, para lo que sería necesario traducirla al idioma de destino, pues fue allí donde supuestamente se produjeron los hechos denunciados. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, las autoridades españolas deben remitir «inmediatamente» la denuncia a las instituciones judiciales pertinentes, que en este caso son los tribunales italianos.

Pero aún no se ha llevado a cabo este paso. La denuncia está por traducir y la asesora de Juana Rivas insiste en que hacerlo resultaría fundamental para el normal avance de la causa, pues la sentencia civil por la que la madre debe entregar a los niños no ha tenido en cuenta este aspecto, a pesar de que la juez competente apuntó que fallaba «sin desconocer que entre los progenitores han existido episodios de violencia doméstica protagonizados por el padre».

En esa misma sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, la juez sostiene que «no consta que los episodios protagonizados por el padre afecten a los menores». Sin embargo, el apartado 2 del artículo 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, desde su reforma en 2015, equipara a las mujeres agredidas con sus hijos menores, a los que se refiere explícitamente como «víctimas de esta violencia». También el Convenio de Estambul, de 2011, reconoce a los niños esta distinción por el simple hecho de ser testigos.

Evidencia científica

En declaraciones a este periódico, la asesora jurídica de Juana Rivas hace especial hincapié en la evidencia científica: «Está confirmado por muchos estudios que los niños víctimas de violencia de género ven alterado su desarrollo personal e incluso pueden sufrir retrasos». Existen dos informes –uno de ellos elaborado por la Junta de Andalucía– que desaconsejan el retorno de los niños a Italia.

A pesar de todo, y en contra del artículo segundo de la Ley de Protección Jurídica del Menor, el peritaje del mayor de los menores fue llevado a cabo por una psicóloga no colegiada que tampoco está especializada en casos de violencia de género, mientras que la normativa establece que «en las decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contará con el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados».

F/abc
 
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  1. augusto says:

    Que la señora Juana Rivas defienda como particular afectada el derecho a permanecer con sus hijos es humana y claramente entendible…que la señora Granados, directora del centro de la mujer,realice interpretaciones particulares y sesgadas de las resoluciones judiciales, amparando, por lo que parece, actos delictivos de desobediencia,y transmitiendo que en las resoluciones hay un trasfondo políctico, cuando precisamente ese trasfondo es evidente en su actitud, es algo que deberían hacerse mirar todas esas personas que respetan la ley y las decisiones judiciales solamente cuándo les dan la razón.

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