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La Fundación Franco ante la exhumación: “Es propio de dictaduras”

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La Fundación Franco ante  la exhumación: “Es propio de dictaduras”

La Fundación Francisco Franco reacciona ante el anuncio del Gobierno sobre la inminente aprobación, en Consejo de Ministros el próximo viernes, del ‘decretazo’ que autorizará la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos: “Es un mecanismo propio de dictaduras”.

Y recuerdan al Ejecutivo que la Constitución Española (artículo 86) prevé la utilización del Decreto Ley para materias de “extraordinaria y urgente necesidad y no es éste el caso”, puntualizan.

La estrategia jurídica de la Fundación se orientará por lo tanto en recurrir, paralizar e invalidar en sede judicial todas aquellas decisiones y actos administrativos que se adopten a partir del ‘decretazo’ porque entienden que “colisiona con el derecho canónico, que tiene un rango superior al del Decreto Ley según los Tratados vigentes entre el Gobierno de España y la Santa Sede“.

El artículo 9.3 de la Constitución Española garantiza la jerarquía normativa, según la cual el sistema de fuentes del derecho español se ordena de acuerdo con la posición que ocupa el órgano emisor de cada norma en la estructura del Estado.

En virtud de dicho principio, una norma de rango inferior no puede contravenir lo dispuesto en otra que tenga rango superior. Por tanto, si para una misma cuestión, se da la posibilidad de aplicar dos normas diferentes pero que no proporcionan idéntica solución al asunto, prevalecerá, y por tanto se aplicará, siempre la norma de rango superior.

Inevitable batalla judicial

Descartada la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad (que solo están legitimados para interponer el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados y 50 Senadores), tanto la familia Franco como la Fundación apelarán a la jurisdicción contencioso-administrativa para impedir la exhumación. 

La Fundación Francisco Franco encargó a su equipo jurídico, encabezado por el ex magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Milans del Bosch  los estudios legales necesarios para la puesta en marcha de las medidas que tratarán de frenar los planes anunciados por el Ejecutivo socialista y que incluían, además, su ilegalización.

 
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